¿LEY o “TRAMPA”? ¿Servicio o “despotismo”?

Cuando en las cadenas de radio “amigas” oyes a los políticos “babosear” sus medias verdades, entras en el disgusto de no poder responder interactivamente diciéndoles que sean menos demagogos y dejen de vender “la moto” al pueblo. Al final, el enfado lo nota el volante y el estómago o la persona que te acompaña. Y no está bien, por respeto al copiloto y por no perder puntos del carné de conducir. En realidad, fuera de bromas, es consternación lo que me provocó oír al nuevo Director General del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura mientras comentaba asuntos relacionados con la tan “cacareada” Ley de la Dependencia.
Duele que, desde un principio, no hayan sido claros con las personas afectadas “vendiéndoles” un producto “casi envenenado”. En un primer momento, los políticos presentaron la Ley de la Dependencia como la panacea, como la solución de todos los males y no ha sido así. No obstante, hay que reconocer que ésta, junto con la Sanidad, la Educación y las Pensiones, viene a ser el cuarto pilar en nuestra Sociedad del Bienestar, y aunque estos pilares “hagan agua”, no dejan de ser derechos adquiridos a favor del ciudadano. En todo, no hay que obviar que esta ley tiene el contra de no tener financiación propia. Su dotación económica tiene que salir del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la aportación del usuario. Es una Ley cara, sobre todo para nuestra región donde muchos exclaman a final de mes el dicho: “pero que como me la maravillaría yo”
Se dijo que era una Ley que daría dinero a los enfermos y a sus familiares. ¡qué forma de “engatusar” a la gente!. La simplificación de su presentación hace pensar que ésta tuvo y tiene un registro populista de obtención de votos. Después vino el “tío Paco con las rebajas”. Se contaba con la precariedad de fondos y de medios y por su parte, la mayoría de los familiares no tenían ni tienen formación específica, aunque la ley hace hincapié en este aspecto evitando quedarse en esos mínimos del cariño y la buena voluntad que nunca están de más pero no son suficientes.
Nada más aprobarse en el 2006 se indicó que había que solicitar la prestación y los despachos de los Institutos de Bienestar Social se colapsaron. Se ocultó que el protocolo era largo- así está resultando- un proceso de valoración de grados de dependencia y después un calendario de actuaciones. La Ley tenía un proceso lento de implantación y no se decía claramente. Y esta lentitud se ha convertido en una “trampa” ya que, en la actualidad, impide la atención a las personas en situación de dependencia. A las falsas expectativas le sigue la decepción y la protesta. Es normal oír en algún medio de comunicación a familiares que todavía, después de muchos meses, esperan ser valorados después de haber SOLICITADO la valoración. Se da el caso que algunos incluso habían fallecido. También, hay más personas de las que se comenta que, ya valoradas, están pendientes de la concesión de la prestación. ¿Tanto se tarda en elaborar un programa individual de atención? ¿O es que nos excusamos en la falta de medios económicos? Entonces ¿de qué sirvió que en el 2007 se vendiera la “burra” de la Ley? ¿Para votos, no?
En algunos casos la gente se siente engañada en otras confundidas. Comenzar por los más dependientes grado 3, es decir, por aquellos que estaban en estado grave de dependencia, era más “funcional” y “utilitarista” a todos los niveles, incluido el económico. Estos, a pesar de su gravedad, eran los que menos problema aportaban al sistema porque, en su mayoría, estaban atendidos en Residencias y el recurso ya estaba aplicado. A los moderados, se les valoraría en el 2011.
Por otro lado, en la aplicación de la Ley hay algo que chirría y es que lo excepcional, la ayuda económica para la atención en el entorno familiar, se ha convertido en norma Basta mirar el artículo 18. Mil doscientos cincuenta y ocho dependientes se benefician en contraste con los mil ciento diez vinculadas al servicio. En realidad es más fácil dar casi 600 euros al mes para esos casos que sufragar los gastos de una persona en una residencia o el sueldo de un profesional. Y de esto último, ¿cuántas personas se han empleado con esta ley? Según mis informadores, menos de los que se pretendía. ¡Qué listos estuvieron los políticos adelantando “propuestas” de empleo en este sector.
Una ley que tipifica unos casos no hace olvidar otros. Por tanto ¿dónde quedan las ayudas para personas mayores de sesenta y cinco años que no entran dentro de estos grados de dependencia estipulados? Había muchas que accedían a las ayudas técnicas para mejorar su calidad de vida y prevenir un mal mayor o al menos retardar el deterioro.
Para terminar, es tremendo comprobar los datos que aporta la Junta de Extremadura a la Secretaría del Estado de Política Social (INSERSO). En ellos se observa que no hay ninguna prestación de Teleasistencia, ningún Centro de Noche, ninguna ayuda a la asistencia personal (dónde están las Asociaciones de discapacitados). Y lo que llama la atención en estos datos es el capítulo de las 4.633 prestaciones “sin especificar”. Por qué sin especificar si la Ley establece y estipula las ayudas con total claridad. En fin, ante esto no hay nada que hacer sobre todo ante la actitud de algunos políticos que se consideran parte de una Empresa -llamada “Política”- y que, por encima del interés del pueblo, se defienden negando las evidencias. Evitan arriesgar el cargo, haciendo verdad aquel aserto despótico de: “Todo para el pueblo pero sin pueblo”.